El artículo 53 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía sigue ganando adeptos. El Ayuntamiento de Vejer (Cádiz, 12.876 habitantes), como ya lo hizo Marchena, en Sevilla, o Barbate, también en la provincia gaditana, se acogerá a esta medida recogida en la nueva norma autonómica que permite dar servicios básicos, como la luz y el agua, a casas que no se pueden legalizar al haberse levantado en suelos no urbanizables.
El consistorio vejeriego actúa, dice, para atender problemas sociales derivados de la falta de soluciones legales que se pueden dar a estas viviendas.
El nuevo reglamento de disciplina urbanística se aprobó en marzo del año pasado. Marchena fue pionero al elaborar unas ordenanzas que permitían dar licencia de primera ocupación, condición para poder contratar servicios básicos como luz y agua, a casas sin posibilidad de ser legalizadas. Le siguió Barbate.
Y ahora continúa esta actuación Vejer. "No se trata de legalizar viviendas", aclara el edil de Urbanismo, Antonio Muñoz. "Queremos dar soluciones puntuales a problemas que existen realmente. Estudiaremos caso por caso. Los propietarios tendrá que cumplir requisitos, como que la infracción haya prescrito o que los terrenos no sean de dominio público ni tengan servidumbres por estar cerca de la costa", aclara el edil.
Los vecinos sufren problemas de la luz y agua derivados del limbo legal. Las compañías eléctrica, por ejemplo, han cortado varias veces el suministro por la proliferación de enganches ilegales.
Fuente: El País
El nuevo reglamento de disciplina urbanística se aprobó en marzo del año pasado. Marchena fue pionero al elaborar unas ordenanzas que permitían dar licencia de primera ocupación, condición para poder contratar servicios básicos como luz y agua, a casas sin posibilidad de ser legalizadas. Le siguió Barbate.
Y ahora continúa esta actuación Vejer. "No se trata de legalizar viviendas", aclara el edil de Urbanismo, Antonio Muñoz. "Queremos dar soluciones puntuales a problemas que existen realmente. Estudiaremos caso por caso. Los propietarios tendrá que cumplir requisitos, como que la infracción haya prescrito o que los terrenos no sean de dominio público ni tengan servidumbres por estar cerca de la costa", aclara el edil.
Los vecinos sufren problemas de la luz y agua derivados del limbo legal. Las compañías eléctrica, por ejemplo, han cortado varias veces el suministro por la proliferación de enganches ilegales.
Fuente: El País
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