Las viviendas ilegales de la zona de El Palmar, en el municipio gaditano de Vejer de la Frontera, serán regularizadas previo pago por parte de sus propietarios. El Ayuntamiento vejeriego, gobernado por el PSOE, ha aprobado la reforma urbanística de este núcleo rural junto a la costa, donde años atrás se tiraron abajo varias casas por considerarlas ilegales. Ahora, otros vecinos correrán distinta suerte y podrán seguir disfrutando de sus viviendas después de que en sesión plenaria se diera el visto bueno a la Ordenanza Reguladora del Proceso de Ejecución Urbanística.
La modificación supone la clasificación de unos 420.000 metros cuadrados como suelo urbano consolidado, la regularización de más de 300 viviendas y la construcción de otras cien viviendas nuevas, dos hoteles medianos, alojamientos rurales y un centro comercial. Todo a muy pocos metros del litoral, limitado por la línea imaginaria que marca la Ley de Costas.
Eso sí, serán los vecinos los que tengan que asumir de su bolsillo la regulación de unas casas que en estos momentos están al margen de la legalidad. Los propietarios tendrán que pagar unos 60 euros por cada metro cuadrado de finca, para la ejecución de las obras de urbanización y las cantidades en metálico sustitutivas de los deberes de cesión de suelo.
La tramitación administrativa de este nuevo plan urbanístico para El Palmar se ha prolongado durante ocho años. Su aprobación ha sido calificada por el alcalde de Vejer, el socialista Antonio Jesús Verdú, como de «acontecimiento histórico», por lo que representa para el futuro, especialmente para el sector turístico del municipio.
La aprobación del nuevo plan urbanístico, que no tuvo el apoyo del PP, ha provocado las primeras reacciones por parte de la plataforma Salvar El Palmar, que ya ha criticado la intención de construir más viviendas y hoteles en la zona, cuando «lo verdaderamente beneficioso para el municipio sería declarar El Palmar paisaje protegido». Desde la asociación en defensa de esta zona del litoral vejeriego acusan al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía, que respalda su actuación, de «engañar a los ciudadanos» con la promesa de que esta iniciativa creará puestos de trabajo.
«El tesoro que Cádiz posee en la costa de Trafalgar requiere una visión innovadora, con reglas y políticas distintas a las que pretenden aplicar estos políticos de mirada estrecha», aclara en un escrito la entidad. La plataforma rechaza que Cádiz «imite al resto del litoral español, cuando lo que tiene la costa de Trafalgar le distingue y diferencia del resto».
Fuente: El Mundo
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