Se trata de la construcción de 73 viviendas protegidas que la Diputación Provincial, a través de la citada empresa, ha promovido en colaboración con el Ayuntamiento de Vejer, que cedió los terrenos ubicados en la unidad de ejecución de la extensión de la carretera de Barbate; viviendas que fueron sorteadas el pasado 15 de abril. Las viviendas disponen de garajes y trasteros, con una distribución de 2, 3 y 4 dormitorios, con una superficie de entre 57,58 y 86,85 metros útiles, con un precio aproximado de venta de entre 88.000 euros y 124.000 euros (IVA no incluido), y que contarán con las ayudas previstas en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, ayudas que oscilan entre 7.000 y 11.200 euros, después del estudio, tanto de situación familiar como económico, efectuado a cada uno de los adjudicatarios.
Barroso no ha querido entrar en las que ha calificado como “controversias políticas del período preelectoral” municipal, pero como consejero delegado de la empresa tiene que velar por el buen nombre de la misma y defender su razón de ser, que es la de construir viviendas de protección, atendiendo a la demanda pública de las mismas en muchos pequeños municipios de la provincia. Al respecto dejó claro que la empresa acudirá a los tribunales si sus servicios jurídicos estiman que la difusión de informaciones que no corresponden a la realidad de su actuación en la promoción de viviendas en Vejer perjudica su imagen y objetivo social, con claro perjuicio para su actividad económica.
El consejero delegado ha indicado que en el Consejo de Administración de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz están representados los partidos políticos de la Diputación de Cádiz y que en la Junta General intervienen todos los miembros con representación en la Corporación Provincial. Esta situación de la empresa pública implica que todas las decisiones que se adoptan son decisiones colegiadas, con escrupuloso respeto a la legislación y en beneficio del interés público, ha informado Barroso.
De las 73 viviendas de la promoción de Vejer, actualmente 40 ya han sido adjudicadas a sus propietarios. Ante la petición pública del candidato a la alcaldía de Vejer por el Partido Popular, José Ortiz, el consejero delegado indica que no es posible legalmente cambiar el régimen de esta promoción, por otro de tipo alquiler protegido, incluso con opción a compra, como ya expuso el pasado mes de mayo. Estas viviendas fueron calificadas el 18 de junio de 2007 dentro del módulo de régimen general, a un precio de 1.164,80 euros el metro cuadrado útil; un precio que ha mantenido pese al tiempo transcurrido desde entonces, sin que lo haya actualizado al de 1.212,80 euros metro cuadrado útil actual.
“Es imposible” ha insistido Barroso. También ha informado de que para que algunas de estas viviendas hipotéticamente se ofrecieran en alquiler en un futuro, éste nunca sería ni subvencionado ni tendría ayudas públicas. Para ello la promoción tendría que haber obtenido la calificación definitiva y que no hubiese podido vender todas las viviendas a los solicitantes provenientes del Registro de Demandantes de Vivienda, tal como requiere la legislación vigente. Solo en este caso, como cualquier otra promotora de viviendas, podría ofrecer las viviendas restantes en alquiler para enjugar pérdidas. Esto no implicaría el cambio de su calificación de régimen de venta a otro de alquiler con opción a compra, con sus correspondientes ayudas.
José Antonio Barroso ha indicado que la gerencia de la empresa como sus servicios jurídicos están a disposición de las personas interesadas en esta promoción, que está previsto se entregue la próxima primavera. “Seguiremos construyendo vivienda protegida en Vejer”, ha expresado al ofrecer información a los medios de comunicación social.
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