Los vecinos de El Palmar, en Vejer, empezarán a desfilar hoy por la oficina de planificación urbanística del núcleo rural para recibir la cuenta de los costes a los que deberán hacer frente para regularizar sus viviendas. Los técnicos de la Administración han convocado esta mañana a los primeros ocho propietarios de casas irregulares, y cada día mantendrán este mismo número de reuniones personalizadas con el objetivo de analizar los expedientes de cada uno de los 260 inmuebles que se legalizarán en la primera fase del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Palmar.
El alcalde de Vejer, Antonio Verdú (PSOE), valoró este "avance importantísimo" del proceso e informó de que los vecinos conocerán la citada liquidación de gastos, la situación de su propiedad y los pasos que deben afrontar para culminar la regularización de sus propiedades. "Se constata que el trabajo que el Ayuntamiento y la Junta hemos desarrollado es una realidad", presumió Verdú. Es un día importante si se atiende a la cronología del PERI: el Consistorio ideó esta actuación en 2001, pero no fue aprobada por el Gobierno andaluz hasta 2006. Su desarrollo técnico no comenzó hasta en el verano de 2008, fecha en la que se inauguró la oficina de planeamiento del núcleo rural, ya con el respaldo técnico y económico de la Junta. Los primeros expedientes de regularización han tardado otros tres años en llegar. Ahora el proceso depende de que los vecinos de la costa vejeriega estén dispuestos a pagar las cargas urbanísticas que les corresponden.
Cada propietario deberá abonar alrededor de 60 euros por cada metro cuadrado de superficie de su finca. En la cuenta están incluidas las obras de urbanización; las conexiones exteriores de servicios básicos como el agua y la luz; el aprovechamiento público -la cesión gratuita y obligatoria de los propietarios del 10% de su terreno al Ayuntamiento, bien en euros, bien en superficie-; y los gastos de repercusión de suelo para equipamientos públicos. Es un coste aproximado, porque el plan establece un sistema de reparcelación mixta -económica y física, con terrenos- e incluye numerosas peculiaridades, justo las que se concretarán en las reuniones convocadas desde hoy.
En primera instancia, la adhesión al proceso de legalización será voluntaria. Los propietarios tendrán un mes de plazo para suscribir un impreso mediante el que certifiquen su voluntad de participar en el proyecto de regularización. En este caso, tendrán que abonar un primer pago de tres euros por metro cuadrado de finca y aportar un aval que garantice el pago de las futuras cargas del proyecto de urbanización.
La ordenanza del PERI establece que, cuando el 50% de los propietarios del ámbito -esto es, más de 130- se haya sumado al proceso regulador, podrán licitarse las primeras obras de urbanización, cuya ejecución -al igual que su cobro- será progresiva.
El Ayuntamiento de Vejer ha llegado a acuerdos con entidades financieras para facilitar los pagos y permitir que todos los propietarios de viviendas irregulares se sumen al plan. Antonio Verdú defiende el diálogo con los vecinos y el estudio de cada caso concreto, pero, en última instancia, se reserva la vía de la expropiación para aquellos vecinos que no estén dispuestos a pagar las cargas legales. Aunque los vecinos han reclamado históricamente la solución a sus problemas y se han mostrado favorables al PERI, es una incógnita cómo responderán a esta reclamación económica.
Fuente: Diario de Jerez
El alcalde de Vejer, Antonio Verdú (PSOE), valoró este "avance importantísimo" del proceso e informó de que los vecinos conocerán la citada liquidación de gastos, la situación de su propiedad y los pasos que deben afrontar para culminar la regularización de sus propiedades. "Se constata que el trabajo que el Ayuntamiento y la Junta hemos desarrollado es una realidad", presumió Verdú. Es un día importante si se atiende a la cronología del PERI: el Consistorio ideó esta actuación en 2001, pero no fue aprobada por el Gobierno andaluz hasta 2006. Su desarrollo técnico no comenzó hasta en el verano de 2008, fecha en la que se inauguró la oficina de planeamiento del núcleo rural, ya con el respaldo técnico y económico de la Junta. Los primeros expedientes de regularización han tardado otros tres años en llegar. Ahora el proceso depende de que los vecinos de la costa vejeriega estén dispuestos a pagar las cargas urbanísticas que les corresponden.
Cada propietario deberá abonar alrededor de 60 euros por cada metro cuadrado de superficie de su finca. En la cuenta están incluidas las obras de urbanización; las conexiones exteriores de servicios básicos como el agua y la luz; el aprovechamiento público -la cesión gratuita y obligatoria de los propietarios del 10% de su terreno al Ayuntamiento, bien en euros, bien en superficie-; y los gastos de repercusión de suelo para equipamientos públicos. Es un coste aproximado, porque el plan establece un sistema de reparcelación mixta -económica y física, con terrenos- e incluye numerosas peculiaridades, justo las que se concretarán en las reuniones convocadas desde hoy.
En primera instancia, la adhesión al proceso de legalización será voluntaria. Los propietarios tendrán un mes de plazo para suscribir un impreso mediante el que certifiquen su voluntad de participar en el proyecto de regularización. En este caso, tendrán que abonar un primer pago de tres euros por metro cuadrado de finca y aportar un aval que garantice el pago de las futuras cargas del proyecto de urbanización.
La ordenanza del PERI establece que, cuando el 50% de los propietarios del ámbito -esto es, más de 130- se haya sumado al proceso regulador, podrán licitarse las primeras obras de urbanización, cuya ejecución -al igual que su cobro- será progresiva.
El Ayuntamiento de Vejer ha llegado a acuerdos con entidades financieras para facilitar los pagos y permitir que todos los propietarios de viviendas irregulares se sumen al plan. Antonio Verdú defiende el diálogo con los vecinos y el estudio de cada caso concreto, pero, en última instancia, se reserva la vía de la expropiación para aquellos vecinos que no estén dispuestos a pagar las cargas legales. Aunque los vecinos han reclamado históricamente la solución a sus problemas y se han mostrado favorables al PERI, es una incógnita cómo responderán a esta reclamación económica.
Fuente: Diario de Jerez
